Después de 32 horas de audiencia, el juez José Luis Palacios ratificó la vinculación a proceso del ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, así como siete ex directores y corresponsables de obra, por los delitos de homicidio, lesiones culposas y daño a la propiedad por el desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, donde 26 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas.

El asesor legal de 26 de las víctimas y familiares del desplome de la Línea 12, Cristopher Estupiñán, celebró la vinculación a proceso de ocho de los ex funcionarios acusados, pero acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y al Poder Judicial de ser “cómplices de los culpables reales de la tragedia”, detalló Grupo ICA en un comunicado.

Estupiñán señaló a las empresas constructoras como las culpables reales de la tragedia y explicó que en las sentencias de los ocho acusados se reconoce que no son los responsables de las “innumerables fallas de la tragedia”, ya que solo fueron sancionados por omisión, mientras que los procesos judiciales se siguen dilatados sin castigar a los verdaderos responsables.

“Resalta la omisión del Ministerio Público de abrir líneas de investigación contra las empresas responsables. Insisten en que suscribieron un convenio reparatorio, aunque eso fue solo grupo CARSO. No hay ninguna línea que investigue las empresas dirigidas por el presidente del consorcio, ICA, tanto para la venta del acero utilizado en la línea, los probables proyectos ejecutivos, la construcción, colocación de pernos, etc.”, detalló el abogado.

“No habrá justicia real hasta que no se acuse formalmente a todas las empresas que formaron parte del Consorcio constructor de la Línea 12 del metro. Las defensas de los exfuncionarios han alegado en múltiples ocasiones que sus representados no participaron en los diseños ejecutivos de la obra ni tuvieron acceso a los estudios de las empresas constructoras, por lo que la obligación de garante sobre ellos no resulta aplicable.”

En la audiencia que comenzó el pasado martes 19 de julio, también fueron vinculados a proceso Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Obras Civiles de Proyecto Metro; Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Estructura e Ingeniería; Ricardo Pérez Ruiz, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural; Juan Carlos Ramos Alvarado, ex residente de Obra tramo Olivos-Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, exdirector general de Supervisión de Obra y Fernando Ramiro Lalana, director de Coordinación de Supervisión de Obra.

A todos se les dictaron medidas cautelares como el retiro de sus pasaportes para que acudan mensualmente a la unidad de seguimiento para firmar. La investigación complementaria debe resolverse en 6 meses. En dicho periodo las defensas podrán aportar pruebas, al igual que los asesores de las víctimas y el Ministerio Público, a fin de acreditar las obligaciones de estos funcionarios y sus omisiones en la tragedia. Cabe señalar que todavía falta vincular a dos ex funcionario, lo cual se tiene planeado en la siguiente audiencia fechada para el mes de agosto.

El representante legal de las víctimas del accidente de la L12 confirmó en mayo pasado que el mes de febrero se presentó una demanda contra las empresas constructoras y de diseño ante el tribunal superior del estado de Nueva York. Detalló que se trata de una demanda civil por daño moral (lesiones, homicidio culposo y lo que resulte) y que la pretensión se basa en la negligencia que existió por parte de las empresas constructoras.

En el caso específico de ICA, Estupiñán recalcó que es la empresa en la que recae mayor responsabilidad, pues fue la que llevó un 75% de participación respecto a la ejecución de la obra civil, suscribió los contratos de obra a precio alzada y recibió los recursos. “Debió de haber dado la cara desde un principio, porque así como representó orgullosamente al consorcio constructor, y salió a la luz pública a celebrar la obra, debió haber hecho lo mismo desde el momento de la tragedia.

El martes 26 de abril, en una conferencia que duró poco más de dos horas, Cristopher Estupiñan señaló que Grupo ICA probablemente está siendo protegida abiertamente por el Gobierno de México, y señaló abiertamente que desde Carbino Legal mantienen una presunción de impunidad. “No es posible que estén muy cómodos en sus oficinas recibiendo más contratos, diseñando el Tren Maya, Dos Bocas y continuando con su larga carrera de contratación de obra pública”, señaló.

A diferencia de ICA, el abogado reconoció que Grupo Carso y su empresa CICSA, del magnate Carlos Slim, han mostrado disposición al diálogo. Señaló que han accedido a realizar la documentación pertinente y atender las peticiones de las familias afectadas, por lo que ambas partes alcanzaron un acuerdo reparatorio con las 14 familias que el despacho representa.